Desde finales del año 2017, con la denuncia del Departamento de Estado de EE. UU a Odebrecht, el tema de la corrupción ha vuelto a tomar impulso para dar cuenta de las graves consecuencias que está causando a nivel internacional, pues afecta seriamente la democracia, la economía y la confianza global de las y los ciudadanos en las autoridades. El Perú no es ajeno a esta situación. La gravedad de los casos de corrupción de los últimos años ha involucrado a la clase política, empresarial y al sistema de justicia.
Pero la corrupción también se pone de manifiesto en distintas regiones y municipios del país, poniendo en grave riesgo la gobernabilidad, la provisión de servicios básicos y, en última instancia, los derechos ciudadanos. Desde el Estado Peruano se han ido implementando distintas acciones para contrarrestar estos hechos, razón por la que hoy se habla de programas de integridad en el sector público como una tarea preventiva en contra de la corrupción. Ya no se trata solo de sancionar, sino de prevenir estas transgresiones que afectan principalmente los derechos fundamentales de las personas. Por supuesto, esta situación reconoce que la corrupción no es un hecho aislado. La crisis de partidos, la precariedad de las instituciones y el proceso de descentralización han contribuido activamente a este devenir del sistema político en una fatiga de la democracia1 , la gobernabilidad, el desarrollo y la confianza ciudadana. En este contexto, esta investigación se propone analizar la situación de las municipalidades y la corrupción, pues son instancias de importante poder político que gestionan recursos, desarrollan programas y proveen de servicios básicos para el desarrollo local. Las municipalidades son las instancias más
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